El Gobierno de España remitió a la Comisión Europea el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia el pasado 30 de abril. El Plan traza la hoja de ruta para la modernización de la economía española, la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo, así como para la reconstrucción económica sólida, inclusiva y resiliente tras la crisis de la COVID. Guiará la ejecución de 72.000 millones de euros de fondos europeos hasta 2023 y movilizará en los próximos tres años el 50% de los recursos con los que cuenta España gracias al instrumento Next Generation EU.
El Plan descansa en diez políticas palanca que se estructuran a lo largo de treinta Componentes, en los que se agrupan las reformas e inversiones previstas. Existen dos Componentes que afectan directamente a la Formación Profesional para el Empleo:el Componente 20: Plan Estratégico de impulso de la Formación Profesional y el Componente 23: Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo.
Con respecto al Componente 20: Plan Estratégico de impulso de la Formación Profesional tiene como objetivo la transformación y modernización del sistema de formación profesional para que sea capaz de dar respuesta a las constantes transformaciones de los sectores productivos, mantener la empleabilidad de trabajadores, y por extensión mejorar la productividad y la competitividad de las empresas. Dentro de este Componente se incluyen el Plan de modernización de la Formación Profesional y la futura Ley de Ordenación del sistema integral de Formación Profesional vinculado al Sistema Nacional de Cualificaciones, que dependen de la Secretaría General de Formación Profesional del Ministerio de Educación y Formación Profesional
Por otro lado, el Componente 23: Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo. tiene unos objetivos más amplios y en él se incluyen la modernización de políticas activas de empleo, la digitalización del SEPE para su modernización y eficiencia; y actuaciones para la adquisición de nuevas competencias para la transformación digital, verde y productiva. Estas medidas dependen del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
