Por Carles Campuzano, miembro del Consejo Asesor
Los datos de la última EPA son buenos, y mejores de lo esperado, pero España sigue teniendo un grave problema en su mercado de trabajo. Es cierto que durante estos últimos años el ritmo de creación de empleo ha sido extremadamente intenso (entre 400.000 y 500.000 puestos de trabajo al año), que el empleo creado representa alrededor del 25% del conjunto del empleo creado en la zona euro y que, por tanto, se ha producido una reducción más que notable del paro. Ahora bien, estamos todavía lejos de haber recuperado toda la ocupación perdida durante los años de la crisis (aún nos faltan 800.000 puestos de trabajo), nuestra tasa de empleo es todavía dos puntos inferior a la que teníamos en el 2007, nuestro índice de paro es escandalosamente alto en términos europeos (14%), castigando especialmente a los más jóvenes y a las personas con menos formación y que llevan más tiempo paradas.
Cualquier reforma laboral deberá seguir dotando a las empresas de mecanismos de flexibilidad interna
No es nuevo. Tradicionalmente, España ha tenido una enorme capacidad de crear empleo cuando la economía crece, al tiempo que lo destruye masivamente en tiempos de recesión, y cuenta a la vez con un grave problema de paro estructural, que tiene mucho que ver con su estructura productiva. Pero en estos años, además, el mercado de trabajo ha acentuado algunas de sus peores patologías históricas, tales como un índice de temporalidad del 26%, excesivo respecto a los estándares europeos, un incremento sustancial de los contratos de muy poca duración y un aumento relevante de la contratación a tiempo parcial no deseada. No son problemas nuevos, pero explican algunos malestares sociales y agravan aún más el déficit crónico que sufre la economía que es el estancamiento de su productividad. En este contexto, el nuevo Gobierno de coalición del Estado anuncia, como prioridad, una revisión del marco laboral vigente, resultado de las intensas reformas laborales vividas durante los años de la crisis, a la espera de diseñar un nuevo Estatuto de los Trabajadores para el siglo XXI.
Si bien es evidente que habrá que revisar algunos de los cambios introducidos en los últimos años en materia laboral, habrá que tener cuidado y el sentido común de entender que la reducción del paro y la creación de empleo deberán continuar siendo prioritarias en la política económica y laboral, aspirando también a mejorar la calidad del trabajo, claro está.
Desde este punto de vista, tendrá sentido reforzar la capacidad de la negociación colectiva de carácter sectorial para gobernar mejor lo necesario entre las condiciones laborales de los trabajadores y la competitividad de las empresas, pero también es cierto que cualquier reforma debe aspirar a seguir dotando a las empresas de mecanismos de flexibilidad interna para hacer frente a las situaciones de crisis.
Habrá que revisar algunos cambios de los últimos años, pero con sentido común
Justamente, las reformas laborales producidas durante los peores años de la crisis tenían como objetivo dotar a la legislación laboral de instrumentos alternativos al despido, vía salarios o tiempo. Y es que en aquellos años la ausencia de estos instrumentos nos explica que buena parte de la destrucción de puestos de trabajo estuviera ligada a la desaparición de miles de pequeñas empresas que cerraron tras haber resistido sin despedir a nadie durante un cierto tiempo, pero que, finalmente, se veían abocadas a bajar la persiana ante una situación insostenible, con plantillas excesivas ante la reducción de la demanda de bienes o servicios. Cualquier retroceso en este ámbito sería un grave error.
Afrontar la temporalidad fraudulenta
Del mismo modo, los cambios que ahora se quieran introducir deberán tener la ambición de dar respuesta a una cuestión que las reformas laborales no han resuelto, como la temporalidad fraudulenta, que en la práctica se ha convertido para muchas empresas en una alternativa ante algunas incertidumbres de la regulación laboral y garantía de flexibilidad cuando la demanda baja. Tampoco será volviendo a la legislación anterior al 2010, cuando el índice de temporalidad alcanzaba casi el 35% del total de ocupados, donde encontraremos la respuesta. Y aquí, propuestas como la denominada ‘mochila austriaca’ son imprescindibles si queremos dotar a las empresas de medios para hacer frente a los costes del despido, que sigue siendo un factor clave para entender una parte de esta temporalidad fraudulenta.
En todo este contexto, no se podrá obviar que las grandes olvidadas de la política de empleo han sido las políticas activas, aquellas que deberían servir para facilitar la vuelta de las personas paradas al trabajo. Durante demasiados años hemos malgastado recursos.
Todo ello, en cualquier caso, debería ser el resultado de un intenso diálogo y un buen acuerdo entre los representantes de los empresarios y los de los trabajadores. Y es que una reforma laboral pactada siempre será mejor que aquella que sea impuesta.
Esta firma de Carles Campuzano fue publicada originalmente por El Periódico el 30 de enero de 2020
