El presidente de la Fundación para la Calidad e Innovación de la Formación y el Empleo y exministro de Trabajo socialista, Valeriano Gómez, ha abogado por dotar de una mayor estabilidad a los centros para la Formación Profesional para el Empleo con alguna fórmula como el concierto educativo.
Gómez se ha pronunciado en este sentido en una entrevista con Europa Press de cara a la tramitación en el Congreso de los Diputados del Proyecto de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, «que es un avance muy importante», porque profundiza tanto en la integración de la Formación Profesional educativa y la Formación Profesional para el Empleo (FPE) como en la formación dual entre el centro de formación y la empresa.
Aunque ha asegurado que el modelo ya era un modelo integrado, ha valorado que con la nueva ley se va hacia un mayor grado de integración, y ha afirmado que «en sí mismo eso es positivo». En este sentido, ha explicado que es necesario que la formación que un trabajador recibe a través de su empresa, en los centros educativos con los que las empresas llevan a cabo sus programas de formación, forme parte de «una carrera profesional y educativa», como ocurre en «otros grandes países europeos», como Alemania, que «siempre ha sido el ejemplo en esta materia», pero también en «Austria, Suiza, Holanda y Francia –ya hace unos lustros–«.
«Es un paso más en esa línea y acerca nuestro modelo a estos países que son modelos de éxito en este ámbito de la Formación Profesional», ha señalado Gómez sobre la nueva ley. «En España teníamos un buen modelo contractual, el contrato de formación, pero no teníamos una buena estructura de acompañamiento formativo para los trabajadores», ha apostillado.
En cuanto a la apuesta por la dualidad, considera que es «una de las cosas más positivas de la ley», que plasma la «voluntad de empezar a tener un diseño intenso de formación dual» en lo que respecta a que el trabajador que se forma fuera del centro de trabajo reciba una formación integrada dentro del currículum educativo, y así «puede ir escalando en su currículum educativo hasta el punto de que personas incorporadas como aprendices pueden terminar siendo ingenieros industriales».
Tras apuntar que en Alemania es habitual que los trabajadores que empiezan siendo muy jóvenes a trabajar en una pequeña o mediana empresa y continúan su formación fuera del centro de trabajo terminan con un título de educación superior, ha defendido la alternancia entre trabajo y una formación «plenamente integrada en el currículum educativo».
En este sentido, ha reconocido la «voluntad política» de impulsar un modelo de formación dual que funcione, que sea extenso, al tiempo que ha advertido de que será costoso y de que no será suficiente la cotización actual; «pero es bueno empezar, ir impulsándolo e ir extendiéndolo».
También ha destacado el papel de los tutores en las empresas, una figura «muy importante».
MANTENER LA RED DE CENTROS DE FORMACIÓN
Por otra parte, ha advertido de la necesidad de apoyar la estructura de centros educativos que se ha ido desarrollando a lo largo de las tres últimas décadas con la financiación de los programas de formación para el empleo, «una estructura de formación que acompañaba a las necesidades de formación de las empresas, porque, para bien o para mal, los centros públicos no llegaban».
A este respecto, ha explicado que «las grandes empresas tienen sus centros propios de Formación Profesional, pero hay una estructura de centros de Formación Profesional que ha desempeñado un papel importante y la adaptación necesaria en el contexto del desarrollo de este proyecto de ley debe permitir el mantenimiento de esa estructura, porque no hay sector público en ese ámbito».
Gómez ha insistido en que «los centros públicos hasta ahora no han podido desarrollar eso que es el apoyo a la formación de los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas, y eso lo ha desarrollado muy aceptablemente el sector de la Formación para el Empleo, que es un sector privado; son centros privados pero que están cumpliendo una labor de interés general fundamental, porque sin ellos no habría sido posible el impulso de Formación Profesional para el empleo que se ha experimentado en las últimas décadas».
Por ello, ha defendido que el desarrollo de la nueva ley «preserve las estructuras mejorándolas, incrementando la calidad y la innovación en la Formación Profesional para el empleo». «Que, por consiguiente, ganemos todos una estructura plenamente integrada y unos centros de formación que, si no somos capaces de protegerlos y de hacer que se desarrollen incluso más de lo que lo han hecho en el pasado, no podrán cumplir el papel que en este momento tienen asignado porque el sector público no puede llegar a todos los ámbitos a los que llega la red de centros de Formación Profesional para el empleo en España», ha reclamado.
Gómez ha aclarado que, «en este caso, el sector privado no se ha desarrollado a costa de reducir el papel del sector público, se ha desarrollado donde el sector público no llegaba», y ha asegurado que esta es la diferencia con lo que sucede en otros ámbitos, como el sanitario. Por ello, tras señalar que este sector tuvo un desarrollo importante durante los años 80 y 90 del siglo pasado porque los centros públicos no podían llevar a cabo la formación de los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas al estar dedicados básicamente a la enseñanza de Formación Profesional inicial, ha sostenido «lo lógico y, por otra parte, lo único factible» es que esto se mantenga.
En concreto, sobre los apoyos que necesitan los centros de Formación Profesional para el Empleo en el proceso de adaptación a la nueva ley, ha aseverado que «lo más importante es dar estabilidad a esta red de centros, dar estabilidad implica aplicar modelos como los que en el sistema educativo español se han desarrollado para la colaboración entre la enseñanza pública y la actividad concertada».
Por ello, ha instado a «buscar y tratar de encontrar entre todos un modelo de Formación Profesional que dé más estabilidad de la que se ha alcanzado» a esta red de centros, a través de las convocatorias y de la financiación.
Así, ha señalado la importancia de poder contar con una «previsión plurianual», y ha destacado la conveniencia de poder tener «un horizonte trienal o cuatrienal» que permita a estos centros «planificar», lo que supondría «un salto cualitativo importantísimo en el funcionamiento de la Formación Profesional en España».
«El propio modelo de formación dual que se quiere impulsar también necesita de estos centros de formación, porque en muchas ocasiones tampoco hay estructura de recepción de la parte educativa», ha apostillado.
Gómez también ha defendido que «la flexibilidad no debe estar reñida con la pretensión de obtener la máxima calidad en la enseñanza que se imparte y la mejora en la capacidad de esos centros».
En cuanto a la Formación Profesional educativa, ha destacado que «por fin empieza a haber una demanda importante», y ha instado a aprovechar esta situación, que atribuye a «un cambio cultural», y que considera «el mejor estímulo para una mayor dotación», y se ha referido a los fondos Next Generation como «una oportunidad histórica», como fue el Fondo Social Europeo.
Así, ha constatado que España ha crecido mucho en cuanto al porcentaje de alumnos de FP dentro del conjunto del sistema educativo y que en la próxima década debería tener los niveles medios que presentan los principales países de la Unión Europea, por lo que ha apostado por «dedicar una década a nuestra asignatura pendiente que es el impulso de nuestro sistema de Formación Profesional».
