La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), a través de su Unidad Especial en materia de formación para el empleo, ha sancionado como autoras de una infracción muy grave de la Ley sobre Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS) consistente en “la no aplicación o las desviaciones en la aplicación de las (…) subvenciones (…) de la formación profesional para el empleo” a entidades de formación que resultaron beneficiarias de subvenciones concedidas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para el desarrollo de acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores ocupados en la convocatoria del año 2016.

Las resoluciones sancionadoras han sido impugnadas en vía judicial y actualmente están pendientes de resolución en primera o segunda instancia, según los casos. Sin embargo, anticipamos que no es el objeto del presente informe analizar las cuestiones relativas a la legalidad o ilegalidad de las sanciones impuestas. Sí lo es, desde la perspectiva de la eficacia general de las normas y del principio de seguridad jurídica, la discordancia manifiesta entre la configuración de la denominada formación de oferta y el criterio sostenido por la inspección actuante al imputar la infracción muy grave al resultado de ejecución conseguido por las beneficiarias de estas subvenciones.