Fila superior, Oscar Clavell (PP), María Jesús Pérez (Vicepsta Fundación CIFE), Valeriano Gómez (presidente), Sara Giménez (Cs), Alfredo Sancho (PSOE), Germán Ruiperez (APeL) Fila inferior: Lorenzo Alonso (CECAP), Javier Calvo (Grupo EFI) y Lázaro Azorín – FUNDACIÓN CIFE
La Fundación para la Calidad e Innovación de la Formación y el Empleo ha constatado la necesidad de precisar en la nueva ley de la Formación Profesional aspectos como el modelo de financiación y sus sostenibilidad a largo plazo, el encaje de la teleformación y cómo involucrar mejor a las empresas en el esquema de formación dual.
Lo ha puesto de manifiesto en un desayuno de trabajo celebrado este jueves al que se ha invitado a los portavoces de todos los grupos parlamentarios de la Comisión de Educación y Formación Profesional y al que finalmente han podido asistir los Grupos Socialista, Popular y Ciudadanos, según un comunicado.
A juicio de la Fundación, la Ley de Ordenación e Integración de la Formación Profesional «es un texto muy necesario» y «con un contenido más técnico que político», el cual «ha suscitado un alto grado de consenso entre grupos parlamentarios».
«Es así mismo una ley que ha incorporado las visiones de gran parte de los actores involucrados y que tiene un carácter transversal», sostiene la fundación presidida por el exministro de Trabajo Valeriano Gómez, quien ha participado en el desayuno.
Según informa la entidad, en el encuentro han surgido algunos de los temas que falta precisar en el texto legislativo, a los que, aparte de los citados, hay que añadir el rol del sector privado dentro de la formación profesional, que ha sido uno de los temas comentados en conexión al modelo de financiación.
A este respecto, la Fundación asegura que «los participantes coincidían en que debía haber una complementariedad público-privada para poder abordar la formación a lo largo de la vida y la garantía de una formación profesional continuada», y añade que «queda pendiente cómo abordar la cuestión de la financiación».
La Fundación CIFE está integrada por las principales organizaciones representativas del sector de la Formación (AEGEF, ANCED, CECAP y APeL) así como por empresas del sector y entidades comprometidas con la formación profesional para el empleo.
Reconoce que el Proyecto de Ley responde, en líneas generales, a los retos a los que se enfrenta la Formación Profesional del Siglo XXI, en el sentido de reforzar la idea de que debe existir un solo sistema de Formación Profesional en el que tengan cabida tanto la Formación Profesional Reglada como la Formación Profesional para el Empleo, y que se consolide un sistema de oferta en el que los centros de formación públicos y privados puedan complementarse.
No obstante, considera que la teleformación no recibe el trato que debiera y que falta resolver un tema clave como es el de la financiación del sistema de Formación Profesional, defendiendo un sistema de financiación que permita aprovechar la capacidad disponible del sector privado.
