Por Juan Pablo Riesgo, miembro del Consejo Asesor
Las limitaciones de actividad implementadas en España para contener el coronavirus han provocado el cierre de más de 120.000 empresas, la suspensión o reducción de jornada de cuatro millones de contratos de trabajo, el cese de actividad de más de un millón de autónomos y la destrucción de casi un millón de empleos en marzo. La economía suma cinco años reduciendo la pobreza y la desigualdad gracias a la creación de empleo. Estamos a tiempo de evitar que estas vuelvan a crecer porque millones de españoles se queden sin trabajo. Para ello sería necesario impulsar una agenda por el empleo que facilite liquidez y flexibilidad al tejido productivo para mantener puestos de trabajo, y rentas a los trabajadores. Debería atender las prioridades de hoy, planificar las necesidades del mañana y retomar, a la vuelta de la normalidad, las cuestiones que debían haber sido atendidas antes del virus.
Para evitar la destrucción de tejido productivo y empleo urge facilitar la liquidez a empresas y autónomos con créditos y avales más generosos, así como moratorias de impuestos y cotizaciones más amplias en plazos y beneficiarios. A su vez, es prioritario agilizar la tramitación de los ERTE, reducir la inseguridad jurídica que generan las condiciones de sus incentivos y proceder al pago inmediato de las prestaciones.
Sería necesario impulsar una agenda que facilite liquidez y flexibilidad al tejido productivo para mantener puestos de trabajo, y rentas a los trabajadores
Urge, a su vez, diseñar y acordar el modelo de flexibilidad interna para mantener el empleo en el desconfinamiento. Bruselas pone a disposición el Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para mitigar los riesgos del paro (SURE), dotado con 100.000 millones de crédito, que debería facilitar recursos suficientes. Estos podrían llegar a empresas y autónomos con ayudas directas de las autonomías al mantenimiento del empleo o con bonificaciones de las cotizaciones, y a los trabajadores con prestaciones y complementos a éstas, por ejemplo, para quienes hagan formación. Además, sería preciso aplicar los ERTE por fuerza mayor más allá del estado de alarma y facilitar después su ágil conversión a ERTE por causas productivas y organizativas, permitiendo, a su vez, la afectación y desafectación de trabajadores según el nivel de actividad hasta el retorno a la normalidad, manteniendo la protección a los afectados y los incentivos a empresas.
Finalmente, la crudeza con la que la crisis está afectando al empleo temporal hace necesario establecer, una vez recuperada la normalidad, incentivos a la contratación indefinida: el impulso de los fijos discontinuos, el incremento de las penalizaciones a la contratación temporal sin causa y la reducción de la brecha entre los costes de extinción de temporales e indefinidos, sin merma de los derechos económicos de los trabajadores, a través de cuentas individuales de capitalización. Y, adicionalmente, es preciso adaptar nuestro marco de relaciones laborales a las nuevas formas de trabajo y al nuevo contexto de volatilidad, reforzando la flexiseguridad y la capacitación permanente de los trabajadores.
En definitiva, es necesario impulsar una ambiciosa estrategia de empleo coherente con el Plan Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad 2020-2023 que infunda confianza. Una agenda consensuada con los agentes sociales y las autonomías, con el suficiente respaldo parlamentario para obtener financiación de los mecanismos de la UE. No podemos exigir a nuestros socios europeos que confíen en nuestra estrategia de salida más que nosotros.
Esta columna de Juan Pablo Riesgo fue publicada originalmente por El País el 2 de mayo de 2020
