Ante el contexto de una probable reforma de la Ley de formación profesional en el empleo, la Fundación CIFE publica una nota de análisis que incorpora tanto consideraciones generales, como recomendaciones específicas.

La nota parte de la necesidad de contar con una estrategia de formación profesional integrada, coordinada, compartida, y conectada con el sistema productivo.  El elemento más paradójico de la situación actual es que se mantengan unos bajos niveles de formación y una insuficiente participación en  la formación, respecto a los objetivos europeos, en un sistema que no es capaz de ejecutar sus presupuestos.  Se sugiere situar el derecho a la formación en el centro de la nueva norma y articular, en línea con la Recomendación Europea,  una cuenta individual de aprendizaje como mecanismo “de demanda” que permita a los trabajadores acceder a cualquier acción formativa de su elección, entre las ofertadas por aquellos proveedores acreditados.

Los elementos de flexibilidad en cuestiones como la modularización o las modalidades de formación, entre otras cuestiones resultan también claves para extender la formación a personas con distintas necesidades. El mecanismo de bonificaciones necesita facilitar en mayor medida la programación de formación por parte de las empresas más pequeñas. La extensión de las formas de formación dual requiere una atención especial, incluyendo una posible revisión/adecuación de los contratos en alternancia.  El avance en esta reforma debe hacerse maximizando los beneficios de la colaboración público-privada a distintos niveles.